Jaén frente a la amenaza del biometano: ¿Progreso verde o un futuro irrespirable para nuestros pueblos?
Nuestra provincia se ha convertido en el epicentro de una auténtica «fiebre» por el biometano, con hasta 23 proyectos en diferentes fases de tramitación que amenazan con transformar radicalmente nuestro entorno rural. Aunque se nos venden como una solución sostenible, la realidad que ocultan estas macroplantas en municipios como Jaén (Las Infantas), Mengíbar, Andújar o Martos es mucho más preocupante.
A continuación, analizamos los graves perjuicios que estas instalaciones podrían traer a nuestra tierra si no se frenan a tiempo.
1. Olores insoportables y afectaciones a la salud
El problema más inmediato y denunciado por los vecinos es el olor nauseabundo. Las plantas procesan miles de toneladas de residuos orgánicos, incluyendo purines de cerdo, lodos de depuradora y alperujo, generando emanaciones descritas como «irrespirables» que pueden propagarse a kilómetros de distancia.
En localidades como Casasbuenas (Toledo), una planta similar ha provocado náuseas, vómitos, insomnio y dolores de cabeza constantes entre la población. Expertos del CSIC advierten que estas instalaciones emiten gases como el ácido sulfhídrico (H2S) y amoníaco, los cuales son tóxicos, irritantes y químicamente asfixiantes. En Jaén, ya se han elevado denuncias ante la Fiscalía por emisiones que se consideran perniciosas para la salud pública.
2. El «efecto llamada» de las macrogranjas
Uno de los mayores temores en zonas como Campillo del Río es que estas plantas actúen como un imán para nuevas macrogranjas intensivas. Para ser rentables, muchas plantas necesitan un suministro constante de purines, lo que incentiva la instalación de megagranjas de cerdos que traen consigo más plagas de moscas, consumo masivo de agua y una degradación del paisaje tradicional. En lugar de solucionar un problema, estas industrias podrían crear uno nuevo, convirtiendo nuestras comarcas en el «basurero» de residuos ganaderos ajenos.
3. Contaminación de agua y suelos
El subproducto de estas plantas, llamado digestato, se presenta como abono, pero encierra graves riesgos. Si no se gestiona con un control extremo, puede contaminar los acuíferos con nitratos, metales pesados y patógenos. La provincia de Jaén, con un 75% de su territorio en riesgo de desertificación, no puede permitirse el alto consumo de agua que requieren estas plantas ni poner en peligro la calidad de sus aguas subterráneas por posibles vertidos o filtraciones.
4. Devaluación de la propiedad y despoblación
La mera noticia de la construcción de una planta ya afecta al bolsillo de los ciudadanos. En algunos municipios, se ha registrado una caída del valor de las viviendas de hasta un 30%. ¿Quién querría vivir o invertir en un pueblo donde no se pueden abrir las ventanas por el olor?.
Lejos de fijar población, estas macroplantas apenas generan entre 7 y 15 puestos de trabajo directos una vez operativas, una cifra insignificante comparada con el daño que pueden causar al turismo rural y a la calidad de vida, empujando a los vecinos al éxodo.
5. Caos de tráfico y ruido
El trasiego logístico es otro factor crítico. Una planta media de 150.000 t/año implica la circulación de entre 10 y 20 camiones pesados diarios por carreteras locales y caminos que no están diseñados para tal carga. Esto se traduce en ruido constante, polvo sobre los olivares y un deterioro acelerado de nuestras infraestructuras viales.
6. Opacidad y falta de garantías
En Jaén, seis proyectos ya han sido denunciados por presunto «fraude y opacidad» en su tramitación. Plataformas ciudadanas en Andújar (con 8.500 firmas recogidas) y Mengíbar denuncian que estos proyectos se tramitan con «prisas administrativas» y sin estudios de impacto en la salud rigurosos.
El ejemplo de Villanueva del Arzobispo es clave: tras visitar una planta similar en Toledo y constatar los efectos negativos, el Ayuntamiento decidió cancelar el proyecto, demostrando que, cuando se analizan los riesgos reales, el beneficio prometido no compensa el daño a la comunidad.
Conclusión
Jaén no puede permitir un despliegue «desordenado y especulativo» de estas instalaciones. Es vital exigir distancias mínimas de seguridad (superiores a los 10 km de los núcleos urbanos) y una transparencia total en los informes ambientales. No se trata de estar en contra de las energías renovables, sino de defender nuestra salud, nuestro patrimonio y el futuro de nuestros pueblos frente a un modelo industrial que amenaza con dejarnos solo el olor y los residuos.